PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Garantías y Complejidades en el Enjuiciamiento de Funcionarios Públicos
por Diego Lacayo-Jaén | Derecho Procesal Penal | 20 nov. 2023
En el entramado legal de Panamá, los procedimientos especiales de juicio oral revelan una red detallada y específica para el enjuiciamiento de funcionarios públicos que han transgredido sus deberes o abusado de sus funciones. Nuestro Código Procesal Penal establece una hoja de ruta jurídica que varía según la jerarquía del funcionario involucrado. Estos procedimientos se desenvuelven ante la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, y los tribunales superiores o juzgados de circuito, abordando desde sanciones hasta la reparación de perjuicios causados.
La competencia para conocer denuncias o querellas contra el Presidente y Vicepresidente de la República por actos que afecten el funcionamiento del poder público o violen la Constitución o las leyes recae en la Asamblea Nacional. El proceso se inicia con la presentación de la denuncia ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, que la remite a la Comisión Permanente competente. Esta Comisión, al admitir la denuncia, designa una Subcomisión de Garantías compuesta por tres miembros para ejercer funciones equivalentes a las de un Juez de Garantías. Además, se permite la asistencia de un abogado al Presidente desde el inicio de la denuncia en todos los actos del proceso.
El enjuiciamiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también se encuentra regulado en el Código Procesal Penal. La Asamblea Nacional es competente para juzgar a estos magistrados por actos que perjudiquen el funcionamiento del poder público o violen la Constitución o leyes. La individualización de la pena en estos casos sigue las disposiciones del Código Penal y requiere una mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.
Los procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia representan una fase crítica en la estructura legal panameña. Actuando como tribunal de única instancia, este escenario de enjuiciamiento adopta un procedimiento oral similar al de los procesos comunes u ordinarios. En esta configuración, se designa a un miembro de la Corte para ejercer funciones análogas a las del Juez de Garantías. Esta figura, clave en el proceso, es reemplazada por su suplente en el transcurso del juicio, asegurando así la continuidad del proceso. Además, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se convierte en el árbitro final en la resolución de los recursos interpuestos contra las decisiones tomadas por este magistrado designado. Así, esta instancia garantiza la coherencia y la interpretación uniforme de la ley, y también ejerce un papel crucial en la salvaguarda de la integridad y la legitimidad de todo el proceso legal.
En el caso de los miembros de la Asamblea Nacional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es el órgano encargado de la investigación y juzgamiento, tanto para diputados principales como suplentes.
Se destaca la importancia de la objetividad en la investigación por parte del Magistrado Fiscal para esclarecer los hechos imputados, quien puede recurrir a la Procuraduría General para recomendaciones sobre las diligencias a seguir. El Pleno de la Corte es responsable de autorizar medidas cautelares restrictivas de la libertad de los diputados, como la aprehensión o secuestro de sus bienes.
El control constitucional y la revisión de estos procesos especiales se vuelven aún más relevantes y sensibles en el contexto de las actuales protestas masivas que atraviesa nuestro país. Estas manifestaciones encuentran su raíz en el actuar de funcionarios públicos, especialmente los diputados de la Asamblea Nacional y el Presidente de la República, quienes han aprobado de manera cuestionable, y presuntamente con una conducta contraria a derecho, la Ley 406 de concesiones mineras. Esta situación ha avivado la llama de la indignación ciudadana y ha desencadenado un movimiento de protesta sin precedentes, donde la transparencia y la legalidad en las decisiones gubernamentales están en tela de juicio.
Considero que la aprobación del contrato minero ha desencadenado un intenso debate sobre la necesidad de un escrutinio más riguroso y efectivo sobre las acciones de estos funcionarios, y es un ejemplo que plantea la relevancia y la urgencia de la jurisprudencia en definir con mayor precisión estos aspectos, ya que el impacto de estas decisiones afecta no solo el tejido legal del país, sino que influye directamente en la vida y los derechos de sus ciudadanos.
En este contexto, el control en el sistema penal acusatorio adquiere una dimensión crítica, ya que la revisión de estos procesos especiales busca la aplicación justa de la ley y se erige como un garante de la integridad y la legitimidad de las instituciones gubernamentales.
La aprobación del contrato minero ha desencadenado un intenso debate sobre la legalidad de las acciones de estos funcionarios.
La sociedad demanda un escrutinio más estricto y una mayor claridad en los procedimientos judiciales, particularmente en el enjuiciamiento de funcionarios que podrían haber obrado en detrimento de los intereses y el bienestar de la nación. El peso de estas decisiones gubernamentales, particularmente cuando se perciben como dudosas o inapropiadas, resalta la necesidad de un sistema legal que establezca procedimientos claros y justos, y que asegure una rendición de cuentas efectiva y transparente.
Este contexto sociopolítico en el que se desenvuelven las protestas masivas evidencia la importancia crítica de estos procesos especiales, ya que representan una herramienta para enjuiciar y sancionar a los responsables de actos lesivos contra el interés público, teniendo también el potencial de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la solidez del sistema legal. La revisión y el control constitucional se presentan, por tanto, como pilares fundamentales para preservar la integridad de la democracia y asegurar la rectitud en la gestión de los asuntos públicos.
Los procesos especiales que he analizado representan un pilar fundamental en el ámbito del derecho procesal penal en Panamá. Estos garantizan un enjuiciamiento de funcionarios específico y detallado, asegurando transparencia, objetividad y seriedad en el cumplimiento de la ley. La complejidad y minuciosidad de estos procedimientos subrayan la importancia de la legalidad y la justicia en el sistema jurídico panameño, mostrando el compromiso del país con la rectitud y el orden en su sistema legal.
Dichos procesos especiales, aunque claramente delineados en la ley, a menudo parecen permanecer inactivos, generando una sensación de desconfianza y escepticismo en la población.
Este letargo en su ejecución podría atribuirse a posibles intereses políticos subyacentes o a una suerte de código fraternal entre los funcionarios públicos, alimentado por un mutuo pacto de silencio que sugiere una protección mutua. Sin embargo, es precisamente debido a estas percepciones que la ciudadanía debe asumir un papel activo, ejerciendo su derecho a presentar denuncias y querellas.
Estas acciones, a mi parecer, impulsarían la transparencia y la responsabilidad en el ámbito público, propugnando por la rendición de cuentas de aquellos que, desde sus posiciones de poder, atentan contra los intereses del Estado.
La exigencia de transparencia y publicidad en el enjuiciamiento de funcionarios es crucial para recordar a los funcionarios públicos que deben rendir cuentas por sus acciones y garantizar que ningún interés personal o corporativo prevalezca sobre el bienestar de la nación.◆
